La nueva Constitución de Santa Fe y el derecho a la educación: continuidad, cambios y desafíos
La reforma constitucional de 2025 en la provincia de Santa Fe marca un antes y un después en el tratamiento del derecho a la educación. Si bien la nueva carta magna mantiene principios históricos, introduce un rol más activo del Estado y una ampliación de derechos que impactan directamente en la vida de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas.
La Constitución de 1962: libertad de enseñanza y colaboración
La Constitución de 1962, en su Título III, Sección Octava, sentaba las bases generales de la educación y la cultura.
- Artículo 110: reconocía expresamente el derecho de los padres e instituciones privadas a crear escuelas, garantizando la libertad de enseñanza como un principio esencial.
- Artículo 112: disponía que el Estado debía estimular la cooperación con entidades privadas, reflejando una visión de complementariedad entre lo público y lo privado.
El Estado se posicionaba como garante de provisión y estímulo, mientras que la educación privada encontraba un marco legal de legitimidad y autonomía.
La Constitución de 2025: una mirada de derechos humanos
La nueva Constitución santafesina redefine y amplía los derechos ya existentes, con un fuerte énfasis en la educación como derecho humano.
- Obligatoriedad ampliada: desde nivel inicial hasta secundario, incluyendo también la educación superior.
- Rol del Estado: se establece la responsabilidad indelegable del Estado en la provisión, sostenimiento y control del sistema educativo.
- Educación privada: se garantiza la libertad de elección de las familias, pero bajo un esquema de mayor regulación y control de calidad.
- Nuevos contenidos: alfabetización digital, educación ambiental, promoción de la salud y Educación Sexual Integral (ESI), todos de carácter obligatorio también para instituciones privadas.
Comparación y ampliación de derechos
La educación privada no pierde derechos en esta reforma; por el contrario, la libertad de enseñanza y la libre elección de las familias se expresan ahora de forma explícita. Sin embargo, estos derechos se insertan en un marco regulatorio más exigente, donde el Estado amplía su capacidad de supervisión para garantizar equidad y calidad en todo el sistema.
Reflexiones a futuro
La nueva Constitución no es un simple cambio de texto legal: es un hito comunitario que impactará en la vida educativa cotidiana a través de futuras leyes y regulaciones.
- La educación como derecho ampliado y social
Se consolida como un pilar del desarrollo humano, y la libertad de enseñanza se equilibra con la exigencia de que todas las escuelas —públicas y privadas— incorporen contenidos considerados esenciales para la formación integral. - Leyes de acompañamiento
Es previsible la sanción de nuevas normas, como una Ley Provincial de Educación que incluya un capítulo específico para la educación privada. Esto podría implicar:- Reglamentaciones más precisas en fiscalización y calidad.
- Redefinición de los aportes económicos estatales.
- Incentivos a la articulación educación-trabajo mediante programas duales.
Una comunidad educativa más integrada
El gran desafío será construir un sistema en el que la libertad de enseñanza conviva con una responsabilidad estatal ampliada, en pos de mayor justicia social y educativa. Para las familias, esto significa garantías de acceso y calidad; para las instituciones privadas, la necesidad de adaptarse a un entorno de mayor regulación sin perder su identidad ni autonomía pedagógica.